EL PAÍS. Cuando la huelga se convierte ilegal

Sin duda la crisis del petróleo en el mundo entero se deja notar, y quienes más la sienten suelen ser los primeros escalones de la economía, la base de la economía. En el caso de la pesca, lógicamente, son que terminan perdiendo dinero por salir a pescar son los pescadores.

Si nos detenemos a escuchar sus reclamaciones, yo creo que tampoco piden la luna: un gasóleo específico para el sector (al que englobaría la agricultura, que pide más o menos lo mismo) y que dado que el gobierno mantiene aún un férreo control sobre las grandes petroleras nacionales como Repsol o Cepsa, no debería suponer tanta zambomba.

Aunque sea cuestionable que un gobierno controle la economía como la controla, mi punto es que no es una medida que el gobierno no pueda tomar.

Ahora bien, tras la famosa crisis de los astilleros IZAR se ha puesto de moda una nueva manera de protestar: la guerrilla urbana. Los astilleros no repararon en poner Cádiz patas arriba, y sus compañeros de toda la geografía española siguieron el "buen ejemplo". En los puertos del Mediterráneo hemos sido testigos de lo mismo: el bloqueo de puertos, algo que en los peores tiempos solo hizo la Marina Inglesa, ahora se juntan cuatro pescadores y te montan uno.

Y la Guardia Civil, tan ancha.

Pero la culpa no es del cuerpo, sino de la sarta de zoquetes que encabezan el "Ministro" Alonso y el "Minijtro" Bono. Porque aquí no está solo en juego la economía de pescadores. Cuando bloqueas un puerto, como el de Barcelona, estás impidiendo el libre tránsito de personas y mercancías -algo que por estar en la UE, España está obligada a asegurar- y no, simplemente reclamando un gasoil.

Por tanto, lejos de manifestarse, estos pescadores se han convertido en delicuentes. En otro tiempo, les habrían disparado ahí mismo, porque su acción es equiparable al bandolerismo. Me importa un rábano la motivación, porque el acto en sí es criminal.

La moraleja es que en España puedes hacer lo que te dé la gana, que no vas a ir a la cárcel. Tenemos todavía terror a equiparar a la Democracia con el Franquismo, y eso cohíbe cualquier respuesta tenaz del Estado. Y con los jueces, igual. Si el Estado ya no defiende la supremacía de la ley, yo me pregunto quién lo hace...

Miguel Vinuesa